Me parece grave que se instauren leyes que amenacen
nuestra libertad de opinión.
La innecesaria ley de la memoria histórica, aprobada en
tiempos de Rodríguez Zapatero, parece que están empeñados en empeorarla
nuestros actuales diputados, cuando lo procedente sería derogarla de una vez.
La historia es una importante
disciplina académica y son los historiadores los que deben ofrecer el resultado
de sus investigaciones, que otros podrán contradecir, puntualizar o impugnar,
como se ha hecho siempre y arriesgando el propio prestigio en las obras que
publiquen. No hay ningún pasado
definitivamente cerrado ya sea la invasión árabe, la reconquista, el descubrimiento
de América, las conquistas de Alejandro y por supuesto todas las guerras que en
el mundo han sido.
Pero una cosa es estudiar
historia como constante búsqueda de la verdad
y otra utilizar la historia o remover el pasado de forma políticamente
agresiva, partidista, rencorosa. Buscar la verdad exige esfuerzo, estudio,
reflexión, pero agitar el pasado en busca de réditos políticos me parece
despreciable, mera labor de agitación y propaganda que puede alterar la
convivencia pacífica de los ciudadanos.
Creo que el callejero de
nuestros pueblos y ciudades es quizás el que resulta siempre modificado después
de cualquier cambio. Hay calles en mi
ciudad que han cambiado de nombre varias veces, aunque la gente, a menudo, ha
seguido utilizando el más antiguo y menos problemático.
Estuve en la comisión encargada
del cambio del callejero, cuando comenzó la transición y mi postura fue no
cambiar un personaje por otro sino recuperar el que tuvo durante más tiempo,
especialmente si no era de ningún político.
Descubrí entonces que los personajes que daban nombre a muchas calles y plazas
eran desconocidos de sus vecinos, quizás por ello un granadino, Don Julio
Belza, acometió hizo un concienzudo trabajo y publicó el libro “Las calles de
Granada”, un curioso inventario de nombres, sucesos y personajes.
Pero la ley de Memoria
Histórica va mucho más allá de un cambio de callejero pues da pie para abrir heridas cerradas y olvidadas de
sucesos ocurridos hace más de ochenta años, sin tener en cuenta que en el
clima revolucionario que dio lugar a la guerra civil, cualquier familia tiene
antepasados de un bando o de otro o de los dos, que fueron víctimas del odio y
la violencia.
Además esta ley, si llega a
modificarse en el sentido que se anuncia, intentará establecer una verdad inapelable, de la que nadie pueda disentir y
el que disienta puede ser acusado y condenado, lo cual es una imposición
totalitaria inadmisible en una democracia que dice respetar la libertad de los
españoles.
Ya tenemos ejemplos de este tipo de leyes en
los casos de violencia e ideología de género, del matrimonio entre personas del
mismo sexo, el aborto o la educación para la ciudadanía, cuestiones en las que
no se acepta ninguna opinión en contra, ninguna disidencia frente a la
imposición de cuestiones más que discutibles ya que atañen a la educación, a la
libertad religiosa o al fundamento de la familia.
Luego podrán decir que todo
esto está aceptado por la sociedad, una sociedad cada vez más manipulada,
incapaz de oponerse a lo que se le presenta como moderno y avanzado, pero en la
que tratan de silenciar, por todos los medios,
las voces discrepantes.
Francisco Rodríguez Barragán
Publicado en
Publicado en el brief ACTUALL
de 6 de febrero de 2018
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