En
la estela de ingeniería social del inefable Zapatero y sus musas Aído, Pajín y
otras, el Parlamento de la Junta de Andalucía publicó en su boletín oficial del
22 de febrero pasado su Proposición de
Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y
reconocimiento de las personas transexuales de Andalucía, que ha sido admitida
a trámite con la aprobación de todos los partidos, incluido el Partido Popular.
Han
necesitado ocho páginas de exposición de motivos para avalar la necesidad y
utilidad de su propuesta. Parece mentira que hayamos podido vivir milenios sin esta ley que, al parecer de los
políticos, están exigiendo los ciudadanos.
En
su artículo primero dice que la Ley tiene por objeto establecer un marco
normativo adecuado para garantizar el
derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiestan una
identidad de género distinta a la asignada al nacer y en el segundo se dice que
toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género libremente determinada.
Doy
por perdida la batalla del lenguaje. Aunque todos los lingüistas han explicado
que las personas no tienen género sino sexo y que el género, en español, es un
accidente gramatical o una palabra aplicable a las cosas que tengan ciertas
similitudes, pero puestos a hablar de la identidad de género hay que advertirle
a la Junta de Andalucía que Australia ha llegado a distinguir que los seres
humanos tenemos, nada menos, que veintidós
géneros diferentes y si cada cual puede determinar libremente su identidad
de género habría que ver si la ley admite un cambio o varios. Los caracteres
que la naturaleza fijó con claridad pueden resultar la mar de confusos con
estos modernismos tan “científicos”.
La
Comunidad Andaluza se compromete en esta Ley a proveer a los andaluces que lo
soliciten las acreditaciones acordes con
la identidad de género manifestada y a tomar las medidas oportunas para que
sean tratados de acuerdo con su identidad
de género libremente determinada.
En
el caso de los menores tales acreditaciones tendrán que ser solicitadas por sus
representantes legales y en la comunidad educativa tendrán derecho a que en
toda la documentación administrativa se refleje la identidad de género y el
nombre que hayan elegido libremente y a recibir educación y ayuda de acuerdo
con ellos para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente
(sic).
Se
me ocurre que algún niño que decida “libremente” ser niña, o viceversa, cuando
sus hormonas se revolucionen, podrá
cambiar su identidad de género aunque no me extrañaría que recibiera “ayuda
psicológica” para mantenerlo en su decisión de renuncia a la propia naturaleza.
Se
decía del parlamento inglés que podía hacerlo todo “excepto cambiar un hombre
en mujer”, pero los políticos de la Junta de Andalucía y sus mentores
educativos, están dispuestos a demostrar con esta ley que también se puede
cambiar de sexo, ─aparentemente, claro─ con toda la batería de medidas de ingeniería
social que vienen utilizando.
En
mis años de estudiante algún profesor versado en antropología nos explicó que
podía determinarse si eran masculinos o femeninos los restos óseos encontrados
en cualquier excavación. Si hablamos de sexo solo hay dos, pero si hablamos de
género, recuerden que los australianos han tipificado veintidós, lo cual me
parece un lío tremendo que no hay que favorecer.
Francisco
Rodríguez Barragán
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