Como decía en mi
anterior artículo sobre el informe FOESSA, hay otro capítulo en dicho informe
que vale la pena comentar, el que parte de preguntarse cómo hemos llegado hasta
aquí, para tratar de los orígenes del endeudamiento.
Aporta el informe los
datos del vertiginoso incremento de la deuda pública, que en 2007 representaba
un 36,3% del PIB, para llegar en 2014 hasta el 100% de este indicador económico
y el gigantesco volumen de la deuda privada, sobre todo de empresas privadas y
entidades financieras. Si a finales del 2012 el total de la deuda representaba
un 435% del PIB, el 330,8% de esta cifra era deuda de empresas, instituciones
financieras y hogares, es decir más de tres veces el valor total de bienes y
servicios producidos por la economía española en ese año.
También es un motivo
preocupante el elevado componente externo de la deuda acumulada. El saldo de la
deuda externa neta, deuda menos lo que se nos debe, alcanza el 98% del PIB.
El proceso de endeudamiento
ha sido protagonizado por las instituciones financieras en la medida que han
actuado de intermediarias que captaban financiación exterior para conceder
préstamos a empresas, hogares e incluso al mismo Estado.
El endeudamiento del
Estado, al principio de la crisis no fue motivado por el rescate a entidades
financieras, aunque sí lo fue después en forma de avales, garantías e
importante ayudas públicas. Además la crisis representó un crecimiento
considerable del gasto público al tener que hacer frente al pago de la
prestación de desempleo del enorme y creciente número de parados, mientras
descendía la recaudación y las cotizaciones sociales.
Acerca de la forma cómo
se ha gestionado la crisis de deuda, margen de maniobra y opciones seguidas,
dice el informe que desde que se dispara la deuda el margen de maniobra para la
política económica se estrecha. El elevado nivel de endeudamiento externo
impone la necesidad de que el dinero que entra en el país sea mayor que la que
sale, para lo que se recorta el gasto y se suben los impuestos.
Tanto la deuda en sí
misma y su coste así como la dependencia financiera de la economía española y
las exigencias impuestas por las autoridades europeas llevan a dar prioridad a
los intereses de los acreedores por encima de cualquier otra consideración, lo
que supone un deterioro democrático ante la merma de derechos y el incremento
de los niveles de desigualdad.
Para los autores del
informe la política de austeridad es una insensatez, pues lo adecuado serían
políticas activas de lucha contra el desempleo y la pobreza. Dicen además que
habría que revertir la política de recortes y pasar a políticas expansivas,
indispensables para reanimar la economía a costa, sin duda, de mayor inflación
y alguna forma de impago. Por desgracia no nos dicen en que podría consistir
esa política expansiva y en qué sectores habría posibilidades de llevarla a
cabo. Creo que la burbuja inmobiliaria fue, a mi parecer, una política
expansiva que, llevada sin control ni disciplina nos llevó a la crisis.
Añade el informe los ejemplos de Suecia o Islandia
en los que la recapitalización bancaria se hizo, en primer lugar, a costa de
los accionistas, propietarios de los bancos y el resto del agujero fue de
aportación estatal, pero no podemos olvidar que las causantes de buena parte
del desastre español son las Cajas de Ahorros, instituciones que no tienen
accionistas, que se desviaron de sus orígenes fundacionales y que pasaron a ser
regidas por los partidos y los sindicatos, aunque de ello no se hable en el
informe.
Francisco Rodríguez
Barragán.
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