Creo que fue Kant, entre
otros, quien dijo que el hombre es libre
si sólo tiene que obedecer a las leyes y no a las personas y nuestra
Constitución proclama en el título I los derechos y deberes fundamentales de
los españoles y el imperio de la ley.
Pero el problema surge
cuando el poder legislativo se dedica a promulgar constantemente leyes, que
estima legitimas por haber sido formalmente aprobadas por el parlamento, pero
que van reduciendo el ámbito de libertad personal e imponiendo requisitos y
obligaciones innumerables y también, y es lo más grave, decidiendo acerca del
bien y el mal, lo bueno y lo malo e incluso la forma en que debemos hablar.
Todo ello multiplicado por
diecisiete, que son los parlamentos autonómicos, que también dictan leyes de
todo tipo, desde obligaciones fiscales a las imposiciones de la ideología de
género o el reconocimiento del derecho de los niños a la elección de sexo.
La democracia, en la que
confiábamos para facilitar la convivencia y desarrollo de los españoles, se ha
convertido en un mantra que justifica cualquier cosa, si consigue los votos
suficientes de los parlamentarios, dando como resultado una división permanente,
que nos llevará al enfrentamiento entre los españoles, en lugar de la concordia
y el compromiso.
La próxima repetición de las
pasadas elecciones, sin ninguna garantía de que su resultado resuelva el
problema, pone de manifiesto que nuestra ley electoral no tuvo en cuenta todos las
situaciones posibles ni sus soluciones. Bien que mal, hemos ido saliendo estos
cuarenta años, unas veces por conseguir un partido la mayoría absoluta como por
tener a mano el voto de los nacionalistas, que a cambio de sustancioso
privilegios, han venido actuando como partidos bisagra.
Ahora, cuando aparecen
enfrentados a cara de perro los partidos antiguos y nuevos es bastante difícil conseguir
una nueva ley electoral, pues cada uno actuará pensando en su interés
partidario y no en el interés de España.
La maraña de leyes en la que
vivimos, tiene su origen en el título octavo de la Constitución que fue pensado
para contentar a los nacionalistas pero en lugar de ello les ha abierto más el
apetito de independencia. El resto de
las regiones españolas, por la manía enfermiza de no ser menos, y aquello del
café para todos, que dijo Suarez, cuando vulneró la Constitución en el caso
andaluz, se ha convertido en un mosaico de taifas económicamente insostenibles
que han provocado la crisis al gastar más de lo que se recauda, sin que ningún
gobierno central tenga la fuerza necesaria para someter a todos a la necesaria
disciplina.
Por si no tuviéramos pocas
leyes que obedecer también la Comunidad Europea dicta más normas de obligada
cumplimiento y puede complicarnos la vida en cualquier momento.
Pero es prácticamente
imposible terminar con el desastre autonómico derogando en su totalidad el
famoso título octavo, ya que la enorme cantidad de políticos dispuestos a comer
del presupuesto no van a renunciar a ello, aunque los ciudadanos pensemos que no
nos han servido de nada ni en orden a la libertad ni en orden al desarrollo.
Y hablando de libertad, el
partido populista, horas antes de disolver el parlamento presentó una propuesta
de ley para terminar con los medios de comunicación de propiedad privada para
que solo existas medios públicos controlados por el gobierno que ellos esperan
alcanzar. Tomen nota.
Francisco Rodríguez Barragán
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