Si leemos la Constitución
podremos comprobar el amplísimo catálogo de derechos y garantías que se
reconocen a los españoles, pero encontraremos bastante poco referido a sus deberes
y obligaciones. Solo se dice que tienen el deber de conocer el castellano, de
defender a España y el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
Para la efectividad de todos
los derechos se asignan a los poderes públicos el deber de promoverlos,
garantizarlos, organizarlos y hacerlos efectivos, con el dinero que todos tenemos
que pagar. Si no se puede recaudar lo suficiente, pues se endeudan los poderes
públicos, es decir, lo tendremos que pagar después, o lo pagaran nuestros
hijos, con los intereses correspondientes.
Llevamos demasiado tiempo
adormecidos con la nana de los derechos, sin que nadie nos haga despertar para
cumplir con los deberes. El deber de pagar al fisco ya lo hacen efectivo las
diversas administraciones gravando el consumo o haciendo que los empresarios
nos lo vayan descontando cada mes del sueldo, lo cual parece más indoloro que tener
que abonarlo de una vez. Si además Hacienda nos devuelve algo que nos cobró en
demasía, nos ponemos la mar de
contentos.
No fumar en sitios públicos,
respetar las normas de tráfico o reciclar la basura doméstica, parecen el no va
más de nuestros deberes.
El derecho constitucional a la
huelga, repetido hasta la náusea estos días, no implica, al parecer, ningunos
deberes a los organizadores ni a los asistentes. Así hemos visto las coacciones
de los piquetes, la inutilización de los cajeros automáticos, la rotura de
lunas de los escaparates, el destrozo del mobiliario urbano, la quema de
contendores, el vandalismo de encapuchados apedreando a la policía, el asalto a
comercios y hasta un grupo que come en un restaurante y se niega a pagar
alegando que están de huelga. No se puede desligar la manifestación de la
huelga organizada por los sindicatos, a mi parecer.
Es probable que entre los promotores
de la huelga estuvieran los sindicalistas que, hasta hace poco, formaban parte
de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros que prestaron dinero sin
responsabilidad y callaron cuando comenzaron los embargos de viviendas.
Seguramente muchas personas se
han esforzado por adquirir una vivienda y pagar la hipoteca. Otros por la
crisis no han podido hacerlo. Seguramente firmaron sus contratos, convencidos
arteramente por promotoras a las que nadie pide responsabilidad y les pareció
estupendo que la irresponsabilidad de las entidades prestamistas valorara la
vivienda por encima de su valor real para comprar a la vez casa y coche.
Las deudas de las familias y de
las administraciones, tendrán que pagarlas los ciudadanos a los que se les
pueda cobrar. Seguramente no habrá otra solución, pero no puede ser que el
famoso estado de bienestar, consista en que cada uno viva con la mano metida en
el bolsillo de los demás. Los grandes beneficiarios de la época dorada del
ladrillo me temo seguirán intocables e impunes.
Creo que si cada cual, desde su
puesto, se pregunta sobre sus deberes como persona y deja de confiar en los
poderes públicos para que le resuelvan sus problemas, las cosas marcharían
mucho mejor, pues cuanto menos dependamos de ellos para vivir, más libres
seremos.
Francisco Rodríguez Barragán
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