La huelga de la enseñanza, por
lo que he visto en la televisión, me resulta un alarde de barbarie, imitación
de las huelgas laborales, con piquetes coactivos, encapuchados, quema de
contenedores, pedradas, enfrentamientos con la policía, agresiones a los que
querían dar clase, etc.
Según nuestra Constitución la
huelga es un derecho de los trabajadores
para la defensa de sus intereses. Los profesores como trabajadores pueden
ejercer este derecho en defensa de sus intereses, pero buscar el apoyo y la
complicidad de los alumnos y sus padres, invocando recortes en becas, me parece
reprobable. La huelga de estudiantes no tiene ninguna cobertura legal en la
Constitución, que yo sepa.
Los profesores partidarios de
la huelga, han utilizado su posición dominante para conseguir el apoyo de los
alumnos y contabilizar como seguimiento a los que previamente sus profesores
les han anunciado que no van a dar clase.
No se ha respetado el derecho
de los profesores y de los alumnos que querían tener las clases
correspondientes y se han visto insultados como esquiroles, fachas y otras
lindezas del argot sindical, como he visto en los telediarios.
Que nuestro sistema educativo
es manifiestamente mejorable parece algo fuera de toda duda. El fracaso escolar,
los pobres resultados alcanzados frente a otros países y el fraccionamiento
autonómico, son realidades que debían de llevar al profesorado a una sería
reflexión en vez de a la movilización política.
El eslogan “Escuela pública de todos y para
todos”, repetido como un mantra, no parece responder al temor de que la
escuela pública esté en peligro, sino más bien al deseo de suprimir la
concertada. Conocer el coste y resultados de una y otra sería ilustrativo para
todos los contribuyentes.
Según la Constitución la
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales y los poderes públicos garantizan el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones. (art. 27. 2 y 3)
Pero los principios
democráticos de convivencia resultan vulnerados cuando se destroza el
mobiliario urbano o se ensucian las paredes de casas y monumentos con grafiti y
pintadas, sin que se haga pagar a los autores o a sus padres por estos desmanes
ni tampoco a las organizaciones convocantes de las huelgas o manifestaciones que tanto se
prodigan.
Es más, la educación está
sirviendo para inculcar a los alumnos las ideologías de los enseñantes, sus
filias y sus fobias, con la eficacia manipuladora de quien juega con ventaja.
Por supuesto que serán mayoría los enseñantes que no lo hagan, pero haberlos, haylos, y asignaturas más proclives que
otras para ello, también.
El derecho de huelga, de no ir
a trabajar, arrolla el derecho de los que quieren ir a trabajar, a enseñar o a
aprender, lo cual no me parece muy democrático.
Frente al proyecto de ley del
ministro, me gustaría conocer lo que proponen los enseñantes de la escuela
pública para mejorar la calidad de la enseñanza, pues si lo que desean es
dejarla como está, estamos arreglados. Parece que se trata de echar al ministro
y desgastar al gobierno, ni más ni menos.
Francisco Rodríguez Barragán
