Si nuestra clase política quiere buscar el bien común,
empiecen por podar la selva
legislativa
Cada año el Boletín Oficial del
Estado publica más de 15.000 disposiciones de carácter general a las que hay
que añadir las que aprueban cada una de las comunidades autónomas, las
diputaciones provinciales, los ayuntamientos y cualquier ente que esté dotado
de facultades para obligar a los españoles a cumplir normas y más normas.
Como
normalmente las normas que dan lugar a más normas parten
de los que se sientan en el Congreso, gobierno y diputados, habría que pedir
que hagan el esfuerzo de no seguir aprobando disposiciones sino que empleen su
tiempo en aligerarnos de tantas obligaciones, dejando sin efecto todas las que
no sirven o no aportan nada que beneficie al bien común.
Hay quien dice que cuanto más
corrupto es el entramado político, más se legisla, más leyes se imponen a los
ciudadanos, aunque la cosa viene de lejos pues los romanos dijeron algo
parecido sobre la corrupción de la república y la abundancia de leyes.
Aunque cada grupo político que
promueve una ley dice que es necesaria, lo cierto es que más que buscar el bien
común de lo que se trata es de combatir a los adversarios, imponerles su
ideario, a menudo, desde el rencor histórico, por falso que sea, por el morbo
revolucionario, por el enfrentamiento de
liderazgos o por creerse en posesión de una superioridad moral más que
discutible.
Los españoles acudimos a votar
pensando, más bien equivocadamente, que vamos a elegir a los nuestros, a los que van a cumplir un programa
maravilloso. Luego viene la desilusión: del programa nunca más se supo, ni por
parte de los que se sientan en la Moncloa como de los que se sientan en la
Carrera de San Jerónimo y una y otra vez seguimos votando a los mismos, a esos
que solo están de acuerdo para subirse el sueldo.
Pero lo mismo que pasa a nivel
nacional pasa en cada autonomía. En los ayuntamientos todavía se nota más. Rara
es la corporación municipal en la que vayan todos a una buscando el beneficio
de todos sus paisanos y no de parte de ellos ¿o no?
Ahora se habla mucho de que la
soberanía reside en todo el pueblo. Si fuera verdad el pueblo soberano tendría
que pedir cuenta de todo lo que se hace mal y tenemos que pagarlo entre
todos, de todas las mermas de nuestra
libertad, del laberinto legislativo que tiene que sortear cualquiera que quiere
crear una empresa, etc. etc. Parece que todas las responsabilidades políticas
se dirimen en las siguientes elecciones pero que pierdan o ganen algo, medido
en porcentajes o escaños no tiene que significar que la responsabilidad con los
españoles ha quedado saldada.
Los malos gestores de la cosa
pública, los que tienen por objetivo enfrentarnos con mentiras, los que nunca
trabajaron y llevan años y años viviendo del cargo, los que quieren imponernos
determinada ideología o determinado tipo de educación, los que nos amenazan con
sanciones por pensar de otra manera… tendrían que ser expulsados
definitivamente del escenario político.
Si solo es posible hacerlo a
través de las elecciones tengámoslo en cuenta, por favor, cuando lleguen las
próximas.
Francisco Rodríguez Barragán
Publicado en
