La carta abierta al Presidente
del Gobierno del pasado 25 de junio, leída por Ortega Lara en los medios de
comunicación, comienza por justificar la decisión de su redacción y publicación
en la extrema gravedad de la situación
económica, moral, social e institucional de España en el momento presente,
que pienso que muchos compartimos.
También comparto la urgencia en
abordar las reformas necesarias, pero tengo mis reservas acerca del modo de
abordarlas que propone esta carta. La
pretensión de que nuestros políticos puedan llegar a un renovado pacto constitucional para la reconversión del Estado,
como el que hizo posible la transición, no me parece realista. El famoso
consenso constitucional es un mito que no se sostiene. Hubo entonces
aciertos y errores de bulto y sobre todo
incertidumbre en el resultado.
El estado autonómico que diseñó
la Constitución de 1978, con el que pretendió resolver el problema de dos
regiones, ha provocado más problemas que soluciones. Al incluir el término
nacionalidades abrió el camino a los nacionalismos que están demostrando su
deslealtad y su insolidaridad, aunque por culpa de una nefasta ley electoral se
conviertan en muchos casos en la llave de la gobernabilidad de toda España.
En lugar de una democracia, en la
que los españoles podamos decidir, en todo momento, como titulares del poder,
tenemos una partidocracia en la que deciden las cúpulas de cada partido.
Votamos cada cuatro años, pero desde una votación a otra, los ciudadanos no
pintamos nada.
La mayoría absoluta otorgada al
Partido Popular no sé muy bien para qué está sirviendo. Parece que en sus años
de oposición no se enteraron de la situación española, ya que están
incumpliendo todas sus promesas electorales.
Pero no solo es grave el estado
de nuestra economía y nuestras finanzas, al que se están dedicando dos
ministros, también es grave nuestra situación moral, social e institucional. En
el gobierno hay ministros para todas las áreas y no veo que se estén aplicando
remedios contundentes que terminen con la inmoralidad de que tanto azuzó la
reforma educativa de Zapatero, la devaluación de la familia, la caída radical
de la natalidad por la promoción de los anticonceptivos y el aborto. Tampoco
veo medidas sociales que modifiquen y reinventen el estado de bienestar ya que
el actual es insostenible, con una población cada vez más envejecida.
La reforma de las
instituciones: constitución, ley electoral, poder judicial, tribunal
constitucional, autonomías, diputaciones, ayuntamientos, ¿cuándo se va abordar
de forma radical?
Tenemos más políticos que
cualquier otro país de Europa viviendo del presupuesto y cuya gestión no ha
impedido esta crisis sino más parece que la han agravado.
La consulta que propone la
carta que estoy comentado, desde un pacto de los partidos, no creo que sirviera
de nada, salvo para atacarnos unos a otros.
Si el partido que ha obtenido
la mayoría absoluta es capaz de presentar y explicarnos un programa de reformas
radicales que lo haga sin demora, empezando por dar ejemplo de austeridad y
seriedad.
Francisco Rodríguez Barragán
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