En mundo cada vez más
globalizado, buscar razones para la disgregación de cualquier país me parece el
retorno a un tribalismo trasnochado, auspiciado por políticos desquiciados que
creen que siendo independientes vivirían mejor, sobre todo ellos.
El resultado del
referéndum escocés puede haber evitado un grave problema para el Reino Unido y
para la Comunidad Europea, pero será difícil que los partidarios del sí y del
no, olviden el incidente y echen pelillos a la mar. Lo más probable es que se
continúe invocando el resultado de la consulta en la lucha política y
envenenando la convivencia, especialmente entre los activistas de cada postura.
Me resulta una barbaridad
que la decisión de un territorio de separarse del país del que formaba parte
pueda resolverse con el resultado de la mitad más uno. Ya que se había pactado
el referéndum, el gobierno del Reino Unido debía, quizás, haber exigido una
mayoría cualificada, el 75% por ejemplo y establecido una cláusula de
salvaguarda de no poder repetir el referéndum en los siguientes 25 años.
La mitad más uno puede
servir para las cuestiones ordinarias pero, cuando se trata de cosas importantes,
nuestra Constitución establece la necesidad de mayorías cualificadas. Los
proyectos de reforma constitucional deben aprobarse por una mayoría de tres
quintos de cada una de las Cámaras; cuando se trate de una revisión total o que
afecte a cuestiones tan fundamentales como la unidad de España, es necesario
que sea aprobado por los dos tercios de cada Cámara. No creo que haya nada más
importante que la decisión de romper una nación.
Como estamos amenazados
en España por un proceso de secesión, parecido aunque diferente, sería oportuno
hacer una profunda reflexión sobre el
derecho a decidir que representa una subversión total de la democracia,
pues si este derecho puede ser aplicable a todos, cualquier ciudad, comarca o
pueblo podría exigir su independencia bien del estado, de la comunidad autónoma
o de la provincia. No estaría de más recordar el desastre del movimiento
cantonal de la I República española.
También habría que
reflexionar acerca del proceso que ha llevado a la amenaza de la secesión catalana.
Creo que se cometió en la transición el profundo error de pensar que el Título
VIII de la Constitución iba a satisfacer las apetencias de los trasnochados
separatismos, por el contrario estimuló su voracidad y esparció sus semillas
por todas las regiones.
La bolsa de competencias que el Estado podía delegar en
las Comunidades Autónomas ha servido a los sucesivos gobiernos para obtener el
apoyo de los partidos nacionalistas, en pactos vergonzosos. Prácticamente todo
está transferido a las CC. AA. y el escuálido gobierno central solo sirve de
percha de los palos, que le propinan tales comunidades cuando son incapaces de
gestionar, con honradez, su ámbito competencial.
Las transferencias en
materia educativa a las comunidades infectadas del virus separatista, han
servido para imponer a todos sus habitantes un idioma y una historia
obligatoria, para inculcar a las generaciones jóvenes su credo nacionalista,
sin que los sucesivos gobiernos de
España hayan reaccionado, quizás más preocupados de pactos y componendas para
mantenerse en el poder, que de defender la unidad de España.
A quien quiera ilustrarse
sobre el problema de los nacionalismos en Europa y en España, les recomiendo el
libro Desde Santurce a Bizancio de Jesús Lainz que lleva por
subtitulo El poder nacionalizador de las palabras.
Francisco Rodríguez
Barragán
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