Hay una crisis más grave que la económica
Cuando la
sociedad enferma de envejecimiento no hay recuperación posible.
Cada vez que se produce una
crisis económica los políticos se apresuran a tomar las medidas necesarias para
superarla, pero cuando se produce una crisis social de largo alcance ningún
político se da por enterado.
Venimos padeciendo una grave
crisis social, al menos desde la revuelta de
mayo del 68, que se ha ido agravando con la introducción de medidas y
experimentos suicidas. Me refiero a las células que forman la sociedad, las familias, que han sido
sistemáticamente destruidas en su naturaleza y funciones.
La familia era la encargada
de mantener la continuidad misma de la sociedad como transmisora de la vida y de las pautas de comportamiento. Los datos
de población ponen de manifiesto el hundimiento de las tasas de nupcialidad y
de la natalidad y nuestro acelerado envejecimiento. De las enfermedades se
puede salir, de la vejez nunca. Somos una sociedad, una civilización, que se
está suicidando sin darse ni cuenta.
Los políticos no hacen nada.
Habrán podido comprobar que lo único que consideran importante es la economía.
Ni se les ocurre crear un ministerio que defienda la familia, pero ellos, a
través de sucesivos gobiernos, son los responsables del desastre al haber ido
introduciendo, sin pausa, medidas nocivas y perjudiciales para la estabilidad
de la familia, la transmisión de la vida y la educación de las nuevas
generaciones, envuelto todo ello con la engañosa envoltura de la modernidad y
los “nuevos derechos”.
El manoseado estado del
bienestar además de establecer el derecho a la sanidad y a la educación para
todos, ha incluido también el derecho a una sexualidad libre y un control de la
natalidad que va desde los anticonceptivos al aborto, educando para ello a las
niñas desde los diez años con el embuste de conseguir la salud sexual y
reproductiva.
No se defiende el papel de
la familia, pero todas las administraciones, desde las internacionales a las
autonómicas, están preocupadísimas
por la defensa de los derechos del colectivo LGTB y la bandera del arco iris,
con leyes que, cuando menos, resultan sorprendentes, pues puedes ser delatado,
acusado, juzgado y condenado por homofobia, con inversión de la carga de la
prueba como en los tiempos de la inquisición.
Aunque la Constitución
consagre que el estado es aconfesional y que los ciudadanos gozan de libertad
de opinión, ahora resulta que el estado es extrañamente confesional respecto a
la ideología de género y los ciudadanos obligados a profesarla.
Podemos opinar a favor o en
contra de la reforma laboral, de la imposición fiscal o del sistema de
pensiones, pero es peligroso opinar
acerca de las leyes relacionadas con la llamada defensa del colectivo LGTB, como
si no fuera suficie
nte defensa para este
colectivo el principio general de que nadie podrá ser discriminado en razón de
su sexo, o de su orientación sexual.
Seguramente es que no se
trata de luchar contra la discriminación, sino de imponer una ideología concreta en
materia de sexualidad en detrimento de la libertad de quienes no comparten esta
ideología por entender que agrava la situación de crisis que vive nuestra
sociedad.
Francisco Rodríguez Barragán
Publicado en
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario